Con el voto de la oposición en contra, la mayoría legislativa representada por Morena y aliados aprobó en comisiones del Senado de la República el decreto que reforma el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la asimetría que se aplica a Pemex
Con el voto de la oposición en contra, la mayoría legislativa representada por Morena y aliados aprobó en comisiones del Senado de la República el decreto que reforma el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la asimetría que se aplica a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado mayorista de combustibles.
Los cambios serán votados por el pleno cameral a más tardar el próximo jueves.La morenista Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, afirmó que la enmienda tiene el propósito de garantizar condiciones de competitividad y productividad a Pemex y agentes económicos privados en la industria petrolera. Al fundamentar el voto del PRI en contra, Claudia Ruiz Massieu Salinas afirmó que es absurdo reiterar prácticas que violan la ley fundamental para recuperar monopolios estatales en el sector energético.
“Esta reforma sigue sobre esa línea: consumar el retroceso en el sector de los hidrocarburos… es una reforma absolutamente innecesaria’’. Desde su óptica, la verdadera intención de la enmienda es impedir que Pemex vuelva a ser sujeto a regulaciones asimétricas. “Revela que el oficialismo reconoce que Pemex sigue siendo un agente económico preponderante en la comercialización de gasolina y diesel; si no lo fuera la reforma al régimen transitorio no tendría sentido alguno’’. La reforma es inconstitucional, estableció, porque violenta el principio de progresividad, de libre competencia y compromisos internacionales.
En su turno, Xóchitl Gálvez (PAN) comparó a Pemex con “un niño caprichoso que quiere todo y la verdad es que no da mucho a cambio’’. Los cambios, dijo, tienen como finalidad que Pemex, en su carácter de entidad dominante, imponga reglas de negocio, prácticas y contratos que lesionen la competencia. Rolando Ramos / El Economista
