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Desalojan hotel de Cancún por juicio laboral promovido hace 20 años


Tomas Auñón, del Club Las Velas Cancún, reclama diversas irregularidades durante la diligencia


REPORTE MAYA | Con base en una instrucción de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) número 1, en el municipio de Benito Juárez, el hotel Club Las Velas Cancún fue desalojado hoy, derivado de un juicio laboral promovido por 16 trabajadores desde hace 20 años, en contra de Organizadora Turística Internacional (OTISA).

Un actuario, un notario y abogados de los empleados demandantes, acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, acudieron a la diligencia, que echó mano de camiones de mudanza para la probable transportación de muebles y objetos de Lucinda Solano y Tomas Auñón, quien se asume como representante de OTISA y es una de las personas demandadas.

El desalojo inició a las 9:30 horas, en el hotel Club las Velas, inmueble de cuatro niveles, 2.6 hectáreas de terreno colindantes con el Sistema Lagunar Nichupté y una valuación que va de los 99 a los 900 millones de pesos, de acuerdo con las partes en conflicto.

La propiedad entera se localiza en el kilómetro 3.3 y 3.5, en la segunda etapa de la zona turística, lleva años sin operar y su zona federal fue objeto de otra incursión legal, que motivó el aseguramiento de una parte del inmueble en octubre de 2021, por parte de autoridades, tema que se litiga en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Juliana, hija de Auñón, dijo que cuando la policía se presentó, amagó con ingresar a la fuerza, por lo que tuvo que abrir la puerta vistiendo aún con ropa interior. La mujer les pidió a los agentes no entrar a la habitación para permitirle cambiarse, pero fue ignorada.

Además, Lucinda Solano denunció que la caja fuerte en donde se encontraban sus joyas fue abierta en su ausencia.

Por separado, Félix Torres Alcocer, abogado de cuatro de los 16 trabajadores demandantes, ahora propietarios del hotel, aseguró que todo el procedimiento –desde los juicios laborales de 2002, hasta el del desalojo de hoy– se ha desarrollado conforme a Derecho y felicitó a las autoridades estatales por su conducción en un caso que, calificó, como de “justicia social”.

“Mi agradecimiento a las autoridades, porque por 20 años han trabajado con una honestidad fabulosa”, sostuvo.

Por el contrario, Auñón Alonso y su abogado, Aarón Eduardo Martín Medina, calificaron los juicios y la diligencia como acciones “plagadas de irregularidades”.

Entre ellas, el abogado citó que le impidieron entrar a la propiedad para asesorar a su cliente, por orden del actuario, lo cual es indebido.

Auñón agregó el que se haya intervenido una propiedad parcialmente asegurada por autoridades federales, por un tema de la titularidad de la concesión de la zona federal marítimo terrestre. “No puedes entregar la propiedad a medias, ni con un aseguramiento parcial”, dijo.

Otra anomalía es la probable violación de un fideicomiso, cuyo fiduciario es The Bank of New York Mellon, mencionó; y la inscripción del inmueble en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a favor de los 16 trabajadores.

“Esto es una tranza que hizo la Secretaría del Trabajo (del estado) Esta propiedad está en un fideicomiso. Los fideicomisos son los propietarios y ese fideicomiso está a nombre de Mellon Bank, que se lo vendió o cedió a Cibanco”, expuso Auñón, quien se comunicó vía telefónica con el diputado local, Hugo Alday, al ser expulsado de la propiedad “casi en calzones”, como le describió la escena –en sentido figurado– al legislador.

“Me dice el Maestro Alday que hicieron un ‘madruguete’ en el Registro, lo metieron chueco (el cambio de inscripción) y que se va a echar para atrás; en 8 días esta gente ya no está. Esto es un fideicomiso el que va a tener que entrar a los golpes es el banco. Esta es una tranza que lleva años”, sostuvo, al confiar en que el acto de autoridad quede sin efecto.

Desde hace un año, Auñón ha denunciado que, detrás del juicio laboral existe la presunta intención de despojarle de la propiedad, valuada en 900 millones de pesos, para luego venderla a alguna cadena hotelera, para remodelarla y volverla a operar.

“¿Saben en cuánto lo querían vender? En 60 millones, para venderlo rápido. Lo subieron a 100 millones. Todo es una tranza. Existe un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito, en contra de esto, pero los amparos federales son más tardados.

“El amparo se promovió en el Juzgado Cuarto (de Distrito); es contra la Junta de Conciliación, contra todos, desde el 2020, entonces le aseguro que en una semana lo arreglamos, pero mientras yo estoy afuera, en muletas y voy a tener que ver en qué hospital me meto y estar puesto ‘de patitas en la calle’, y prácticamente en calzones, a los 81 años y enfermo, no es muy agradable”, manifestó.

El entrevistado omitió precisar que no se solicitó la suspensión para frenar los efectos de la adjudicación de la propiedad.

Los datos aportados por el abogado Félix Torres, contrastan con la versión de Auñón.

El litigante explicó que la diligencia de hoy da cumplimiento a la adjudicación de la propiedad –con valor de 99 millones 347 mil 220 pesos– a favor de 16 trabajadores que demandaron a OTISA y a Las Velas Resorts, desde 2002, 2004, 2008, 2009 y 2016, por adeudos de salarios y prestaciones.

La JECA, en enero de 2020, falló a favor de los trabajadores durante una audiencia de remate en Cuarta Almoneda, adjudicándoles la propiedad, ya embargada a OTISA desde el siete de agosto de 2013.

La adjudicación a los trabajadores fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio electrónico 143509, desde el 17 de enero de 2020.

Torres Alcocer aclaró que Auñón Alonso dejó de ser representante de OTISA y propietario del Club Las Velas desde esa fecha y lo responsabilizó de dilatar el juicio durante 20 años, a través de amparos y recursos de revisión para evitar ser desalojado de la propiedad.

“Ellos argumentaron inexistencia de los despidos, en algunos casos, inexistencia de la relación de trabajo; argumentaron que sí se pagaron los salarios; en algunos casos se les fue en rebeldía el juicio, porque no contrataron abogados y comparecieron posteriormente a las audiencias de ley.

“El señor Auñón era administrador único de la empresa, tuvo conocimiento, todo el tiempo, de los juicios. Es uno de los demandados. Estos juicios tuvieron como consecuencia, una vez dictado el laudo, se le requiere el pago a la empresa por cada monto, pero al no hacer el pago, los trabajadores tienen derecho de embargar propiedades de la compañía. En este caso fue el hotel, en la Manzana 30, Lote D-9-2, que le pertenecía a OTISA”, expuso.

El embargo incluyó los derechos como fideicomitente y fideicomisarios, en un fideicomiso ya mencionado; se fijaron fechas de remate, se hicieron avalúos, se citó a los posibles acreedores, incluidos los demandados, pero estos se ausentaron.

“El señor Auñón, en lugar de tratar de solucionar esto, lo que hizo fue retrasar los procesos. Estamos hablando de más de 20 años, tiempo en el que los trabajadores despedidos tuvieron problemas diferentes, para mantener a sus familias o para emplearse de nuevo, porque fueron boletinados por el señor y no encontraban trabajo en ningún lado.

“Tenemos tres trabajadores que fallecieron esperando sus pagos y continuaron sus juicios, sus herederos”, reiteró.

Luego del remate de enero de 2020 se requirió a Auñón la firma de escrituras a favor de los trabajadores. Ante su negativa, el abogado afirmó que el presidente de la Junta de Conciliación, Gabriel Tadeo Ake, firmó en su lugar; le requirió nuevamente la entrega del inmueble, pero no aceptó y por eso es que se suscitó el desalojo. El Universal

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