MARCO A. MARES
RICOS Y PODEROSOS
En términos legales, la Comisión Antimonopolios derrotó al gobierno mexicano.
La Corte resolvió a favor del incómodo órgano regulador, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que preside Alejandra “Jana” Palacios.Le dio la razón en la controversia constitucional que interpuso en contra de la Política de Confiabilidad de la red eléctrica promovida por la Secretaría de Energía (Sener) que encabeza Rocío Nahle.
Dicho en otras palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló definitivamente la política energética de la Sener que encabeza Rocío Nahle.
Es un golpe seco a la contrarreforma en el sector energético que venía realizando el gobierno lopezobradorista, por la vía administrativa.La resolución de la Corte se conoció ayer al medio día, tras una votación de cuatro a favor y uno en contra, en la segunda sala del máximo tribunal.
La sentencia se aprobó con base en el proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalidó 22 disposiciones del Acuerdo de la Política Energética.El voto en contra fue de la presidenta de la segunda sala Yasmín Esquivel Mossa, recientemente designada ministra de la SCJN para el periodo 2019-2034.
Ella es esposa del empresario José María Riobóo, quien ha sido consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador y se le identifica como el impulsor de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
El revés al gobierno mexicano se registra día y medio después de que el Jefe del Ejecutivo envió al poder legislativo una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que tiene exactamente el mismo propósito: eliminar la Reforma Energética de 1993 que inició la apertura formal a la iniciativa privada nacional y extranjera en distintas actividades de ese sector.
Esta iniciativa ha sido cuestionada y señalada por todos los organismos empresariales del país y algunos con representación internacional porque, aseguran, representa un cambio radical de las reglas del juego y afectará directamente a las inversiones locales y foráneas.
Advierte la premisa que, en política no hay casualidades.Es muy probable, apuntan analistas especializados, que cuando el gobierno observó –por los términos en los que se venía desarrollando la discusión del tema en la Corte–, que perdería la controversia constitucional interpuesta por Cofece, decidió optar por la vía legislativa.
Vino entonces la iniciativa de ley preferente presidencial, con la que se busca dar carácter monopólico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Manuel Bartlett.Ayer, durante la mañanera, cuando le preguntaron sobre la iniciativa de ley presidencial a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que desde que llegó este gobierno, ha retomado la rectoría del Estado. Subrayó que el suministro de energía eléctrica, (es un) asunto de seguridad nacional porque significa la continuidad, confiabilidad y estabilidad del servicio.
El presidente de la República y sus principales funcionarios no han mentido. Siempre lo han dicho claramente. Buscan revertir la apertura energética.Y no se han arredrado ni siquiera con las advertencias que recientemente hicieron tres secretarios de estado del gobierno de Donald Trump.
Los ahora ex secretarios de Estado, Michael Pompeo; de Energía, Dan Brouillette y de Comercio, Wilbur Ross, enviaron a sus homólogos mexicanos una carta el pasado 11 de enero en la que externaron su preocupación por el bloqueo que se está registrando a los permisos para proyectos de energía del sector privado.
Advirtieron a México que pone en riesgo cientos de millones de dólares en inversión si no cumple con el acuerdo comercial: T-MEC.La respuesta de Nahle fue lacónica: La relación de México con EU en materia energética es de respeto a las normas constitucionales de cada país.
Así las cosas, ahora las cartas del juego energético, están en la mesa del Congreso que, tiene en sus manos una iniciativa preferente que sólo puede aprobar o rechazar en sus términos originales. A ver. El Economista
