En México, la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron como un problema para todos los delitos durante el 2020, incluidos los abusos contra los derechos humanos, reportó el gobierno de EU de América.
En México, la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron como un problema para todos los delitos durante el 2020, incluidos los abusos contra los derechos humanos, reportó el gobierno de Estados Unidos de América.
El Departamento de Estado de aquel país refirió en su informe 2020 sobre democracia, derechos humanos y trabajo que, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno mexicano, 94% de los delitos no se denunciaron o investigaron.
“Hubo informes de algunos agentes del gobierno que eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales y hubo bajas tasas de enjuiciamiento y condenas por estos abusos.
“Los elementos delictivos organizados, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia especialmente dirigido a grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la gran mayoría permaneció impune”, resumió.
Y que, si bien las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las instituciones en el rubro actuaron independientemente del control civil. “Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”.
El reporte consignó que hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, frecuentemente con impunidad.
“Los grupos delictivos organizados estuvieron implicados en numerosos homicidios, actuando con impunidad y, en ocasiones, en connivencia con funcionarios corruptos a nivel federal, estatal, local y de seguridad”, indicó.
Según el informe del gobierno estadounidense, las organizaciones criminales realizaron asesinatos generalizados y otras actividades ilegales en el país, como el enfrentamiento entre los carteles de La Línea y el de Sinaloa, del 3 de abril del año pasado, que dejó 19 muertos en Madera, Chihuahua.
Desapariciones
En materia de desaparición detalló que “hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por parte de grupos del crimen organizado, a veces con denuncias de connivencia estatal. En su recopilación de datos, el gobierno a menudo fusionaba estadísticas sobre personas desaparecidas por la fuerza con personas desaparecidas que no se sospechaba que fueran víctimas de desaparición forzada, lo que dificulta la compilación de estadísticas precisas sobre la magnitud del problema”.
Sobre las condiciones físicas en las cárceles y centros de detención, que calificó de “duras y potencialmente mortales”, precisó que las cifras del Sistema Penitenciario Federal revelan que “a junio había 210,287 reclusos en 295 instalaciones estatales y federales con una capacidad diseñada de 221,574.
Sobre libertad de expresión, el vecino del norte indicó que en el país los periodistas son asesinados o víctimas de ataques físicos y ciberataques, acoso e intimidación, especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales. Rolando Ramos / El Economista
