El Reporte

Estancada, la militarización de la Guardia Nacional


REPORTE MAYA | La militarización de la Guardia Nacional (GN) se encuentra en un enredo judicial que ha impedido su entrada en vigor, la entrega de recursos de la Federación y la incorporación de los exintegrantes de la Policía Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Mientras el presidente de la República ha intentado convencer a los jueces federales de la necesidad de permitir la transferencia de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el conflicto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado lunes 24 el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

El asunto se suma a los que el máximo tribunal mantiene pendientes de resolución sobre las impugnaciones tramitadas desde 2020 contra la creación de la Guardia Nacional y el acuerdo que ordena mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

LAS SUSPENSIONES

Organizaciones de la sociedad civil tramitaron más de 50 amparos en diversos juzgados federales y el pasado jueves 13 lograron la primera suspensión provisional que frenó la entrada en vigor del decreto de reforma.

La medida fue concedida a un quejoso por la juez novena de Distrito en el estado de Guanajuato, pero la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Sedena tramitaron recursos de revisión en los que pidieron dejarla sin efectos.

Los recursos tramitados por dichas autoridades fueron resueltos en menos de una semana, el sábado 18 y domingo 19, en el caso de la FGR y la SHCP, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la entidad determinaron en sesiones extraordinarias que la primera no sufre ningún perjuicio con la suspensión de la entrada en vigor del decreto de militarización de la Guardia Nacional y que el recurso de la Secretaría de Hacienda está infundado.

En cambio, en el recurso de la Sedena, los magistrados señalaron por unanimidad que el quejoso que pidió el amparo no tiene interés legítimo para solicitar la suspensión de la entrada en vigor del decreto reclamado.

“De ninguna manera se acredita que con esa transferencia se ponga en riesgo la esfera jurídica del quejoso”, señaló el magistrado Gerardo Mendoza.

“El interés jurídico del quejoso no llegó a un medio de convicción más allá del carácter de defensor de derechos humanos con el que se ostentó, este tribunal colegiado advierte que esa autodeterminación como defensor de derechos humanos, tal como lo hace valer la autoridad recurrente, es insuficiente para conceder la suspensión provisional solicitada en tanto el quejoso no acreditó ni siquiera de manera indiciaria un agravio diferenciado que genere un daño inminente o irreparable.” Esta resolución no impedía a la juez novena de Distrito conceder la suspensión definitiva posteriormente, lo que ocurrió el pasado martes 21.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Sedena argumentaron a la juez que si suspendía la reforma, se contravenía el orden social por el impedimento que ello implicaba para la consolidación de la GN como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado bajo el control operativo de la Defensa Nacional. Vanguardia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button