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López Obrador responde a revés de la Corte declarando zona de seguridad nacional al Tren Maya

CDMX | Samuel L. Soto Giles | El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este viernes que decretó establecer como zona de seguridad nacional la región de la Península de Yucatán: aeropuertos, Chetumal, Tulum y Palenque, puertos marítimos y ferrocarriles, Tren Maya y Corredor Interoceánico, por los reveses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante gente “irresponsable y mafiosa que no quisiera que se hiciese nada en el sureste del país”.

Señaló que tomó esa decisión de convertir estás obras en seguridad nacional porque el despacho que promueve los amparos, en el que participa Gómez Mont, de la organización de Claudio X. González, está recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, “aunque el que da la cara es el abogado Gerardo Carrasco Chávez.

“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional no significa que no se va a informar, pero tenemos que proteger y blindar esta obras de seguridad nacional e interés público”, dijo.

Recordó que la construcción del Tren Maya, aprovecha el derecho de vía del ferrocarril que no vendió el presidente Ernesto Zedillo.

“Tenían tan abandonado el sureste que ni siquiera concesionaron o no les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del Istmo. No les interesaba el sureste ni siquiera para robar”, mencionó.

Defendió el nuevo decreto emitido la tarde ayer para catalogar como “seguridad nacional” las megaobras que lleva a cabo su gobierno y acusó a la Suprema Corte y al “poder conservador” de estar en contra de su administración.

Este jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisó controversia presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021.

Ese decreto clasificó como de seguridad nacional toda la información sobre los proyectos prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

Por mayoría de ocho votos, la Corte señaló que el decreto es inconstitucional por ordenar en los hechos una reserva a priori de toda la información relacionada con dichos proyectos, lo que va contra lo señalado en el artículo 6º constitucional.

En la discusión del decreto de 2021, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dijo que es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo.

De inmediato, con un nuevo decreto, que insiste en declarar como de interés nacional los proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió los efectos de la disposición similar, de noviembre de 2021, que horas antes había invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con esto, el Ejecutivo Federal realiza un nuevo acto jurídico, con el cual consigue evadir temporalmente las repercusiones de la decisión del máximo tribunal, pues lo resuelto por los ministros no puede tener aplicación sobre el decreto reciente.

El artículo único de la nueva disposición, publicada en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, establece que: Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.

El anterior decreto, de 2021, señalaba que: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

El nuevo documento pone énfasis en la relevancia estratégica de las obras que clasifica como de seguridad nacional. Señala: Los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, por su ubicación geográfica, resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país; además, territorial y operativamente son complementarios del funcionamiento y operación del Tren Maya.

De manera semejante, argumenta que la conectividad entre el Golfo de México y el Pacífico, así como a lo largo de la frontera sur, es una tarea complementaria a la seguridad nacional del país.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su plataforma logística y demás infraestructura, por su ubicación geográfica entre los estados de Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Chiapas, son estratégicas debido a su localización, que permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el océano Atlántico, ya que la mercancía que ingresa por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz puede ser transportada directamente hasta Puerto Chiapas y a Ciudad Hidalgo, Chiapas, incluso a Ciudad de Tecún Umán, Guatemala, y viceversa, (…) además de que se requiere extremo cuidado y vigilancia en el transporte de sustancias peligrosas que se lleva a cabo en dicho corredor, añade el decreto.

Legalmente, se fundamenta en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución, donde se reconocen las facultades del Estado para la planeación y rectoría económicas, así como en el artículo 13 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece las responsabilidades para mantener la paz y vigilancia del territorio.

El nuevo decreto fue firmado en Palacio por el Presidente y los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y entró el vigor el mismo día en que se expidió.

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