PABLO ZÁRATE
MÁS ALLÁ DE CANTARELL
El 24 de abril del 2020, las labores de la Secretaría de Energía estaban suspendidas por la pandemia. Era una condición novedosa para aquel entonces. Hoy sabemos que se extendió por varios meses y ha generado una incertidumbre sin precedentes para muchos permisionarios energéticos. Docenas de solicitudes de permisos –de corto y largo plazo, no sólo los de importación o exportación que emite la Secretaría de Energía sino también los que están a cargo de la Comisión Reguladora de Energía– no han tenido respuesta. El consuelo, quizás de tontos, era pensar que era un asunto generalizado.
Hoy sabemos que no lo ha sido para Pemex. Ese mismo día, de acuerdo con actas oficiales, PMI (el brazo comercializador de Pemex) obtuvo al menos 8 permisos para importar combustibles hasta por 20 años. Sus volúmenes permitidos son astronómicos. Entre los de gasolina regular y premium, Pemex tiene permiso para importar más de 1 billón de litros de gasolina hasta el 2040 por un total estimado de 670,000 millones de dólares. Son más de 33,000 millones de dólares al año y prácticamente 900,000 barriles diarios de gasolinas para un mercado que en el 2019 consumió (a partir de la suma de lo que produjo y lo que importó) apenas unos 720,000 barriles diarios. ¿No era esta, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la que alcanzaría la autosuficiencia energética? ¿Hace sentido que su Pemex pida permisos de importación por volúmenes que exceden el consumo total?
La perspectiva comparada es todavía más preocupante. Aprovechando la inercia de su propia retórica desde el 2019, la Secretaria de Energía acaba de publicar un acuerdo que, entre otras cosas, prohíbe que sus funcionarios otorguen permisos de importación de 20 años. Para justificarlo, argumenta que estos eran particularmente responsables de promover lo que la secretaria Rocío Nahle ha tratado de caracterizar como un ‘desbalance’ actual, con excesos de capacidades de abasto e importación.
Aún en abstracto es una decisión cuestionable. Como la opinión de Cofece documentó desde que se publicó el anteproyecto del acuerdo, esto más bien le da a la Secretaría de Energía mayores poderes que, ya de origen parecían encaminados a favorecer indebidamente a Pemex. Ejecutado a rajatabla, precluiría el desarrollo de infraestructura independiente a Pemex, garantizándole un rol preponderante sin tener que molestarse en competir.
Al elaborar su opinión, sin embargo, Cofece estaba trabajando con información incompleta. Explícitamente estaba asumiendo que los últimos permisos de importación de combustibles por 20 años se habían otorgado en el 2018. Hoy ya sabemos que, en el 2019, la administración de López Obrador le concedió uno a Windstar Energy Resources. Y en el 2020, apenas unos meses antes de prohibirlos, le dio sus ocho a Pemex –con volúmenes estrafalariamente desconectados de la realidad. Semanas después, consta en actas que la misma Sener le concedió a Pemex permisos de exportación y de importación de tan largo plazo como fue posible en los otros rubros de la cadena de valor.
Suena hipócrita. Pero a estas alturas, lo de menos es el doble discurso. El problema es que ya empiezan a cristalizarse evidencias de acciones oficiales que cumplen con muchos de los requisitos para probar un trato discriminatorio, particularmente en permisos. Y, por las cartas y documentos recientes, sabemos que esos son los que los inversionistas en general, y el gobierno de Estados Unidos en particular, podrían reclamar. El Economista
