MARIAELENA VEGA
ORO NEGRO
La reforma eléctrica nació para entrar a procesos judiciales nacionales e internacionales. ¿No lo sabían los abogados y especialistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Es casi impensable que no supieran que se viola la Constitución mexicana, comenzando porque es una ley contraria a las leyes y principios constitucionales de competencia.
Se viola el artículo 4 constitucional, que establece un ambiente sano; viola el artículo 14 y 16 constitucionales que tienen que ver con la retroactividad que no es posible, dado que la recién aprobada ley eléctrica quiere que se revisen los contratos que fueron otorgados previos a la ley del 92 y, en su caso, cancelados.
Y ni hablar de los convenios internacionales equiparados a la Constitución que viola esta ley eléctrica, como es el caso del T-MEC, el TPP, los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el Acuerdo de París.
Y entonces ¿es imposible que al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador se le pasaran estos temas? Sí.
Estamos en un año electoral y no hay un elemento fuerte que refuerce la llegada de Morena al poder, los elementos esenciales que hacen que la economía dé algo de solidez a un país, simplemente están en descenso o débiles.
¿Una reforma eléctrica que trajera el estándar de nacionalismo, aunque el costo fuera alto, podría ser sinónimo de votos? Parece peligrosa esta premisa. Pero la moneda está en el aire.
Los compromisos también con las hidroeléctricas y el ESME, es otra de las posibilidades de esta ley eléctrica. Grandes aliados, grandes compromisos.
Y es que algo inusual es el orden del despacho, en la recién aprobada ley se dice que se despachará primero a las grades hidroeléctricas, seguida la CFE, las energías renovables y así sucesivamente. Lo que jamás se había visto. Todo tenía un orden de despacho por mérito, las plantas más eficientes son las que se atienden primero y después las más caras. Para apoyar el desarrollo del país.
En fin. Lo que es una realidad es que esta supuesta reforma eléctrica nació para vivir en tribunales nacionales e internacionales y pone en stand by el tema energético, generando un costo alto para México y los mexicanos.
Dado que se mantiene vigente la Ley Energética de 2014 que abrió las puertas a las energías renovables, el gran pero es que esta misma ley no obliga a la CFE, al mando de Manuel Bartlett, ni a ninguna otra autoridad a reactivar las licitaciones pendientes.
Aunado a ello, dos años de impasse en la inversión y generación de energía ponen en disyuntiva la posibilidad de generar la energía que se requiere para darle cauce a la demanda.
Sobre todo, el tiempo que lleve este proceso de no solución a un tema como el energético, pone a México en un contexto de falta de certeza jurídica, de que no hay confianza, de que no hay credibilidad.
Además, y sabiendo que para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los temas energético y ambiental son prioridades, la realidad es que México se tambalea.
Con qué herramientas se queda este gobierno para salir, en el momento que lo decida a atraer inversión extranjera, que es más que necesaria para atender la demanda de energía, generar empleo e infraestructura.
¿Se vendrán tiempos en donde la baja calidad en el servicio energético sea el común denominador? Todo parece que sí, al igual que los apagones.
La oferta inelástica en el sector energético por lo menos la veremos los próximos tres años.
Un tema por demás complejo, y cuya respuesta u objetivo haya sido el sacar adelante la recién aprobada y enjuiciada reforma energética, ya trae negatividad para México como país. Ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo se sostendrá esta situación? ¿A costa de qué se tendrá este impasse? ¿O será un paso para darle cauce a la ley energética con la que ya se contaba? Muchas preguntas que seguramente tienen respuesta e irán aclarándose, desafortunadamente a costa de la incertidumbre, falta de confianza y credibilidad en México. El Economista
