México se perfila, en el peor de los escenarios, a un pleito legal internacional de pronóstico reservado.
En el centro de la disputa se encuentra Zama, la joya del petróleo de México. Está considerado entre los 10 yacimientos más grandes de la historia del país.
Es uno de los campos petroleros más ricos que se hayan descubierto en México en los últimos años, con un potencial inicial de extracción de entre 700 millones de barriles y más de 1,000 millones de barriles. Contiene petróleo ligero, el más rentable.
En el mejor de los escenarios, México podría llegar a un “acuerdo diplomático” y arriesgarse a operar un campo petrolero para el que no tiene experiencia y al final reduzca el tamaño de los ingresos totales.
De acuerdo con cálculos extraoficiales el Valor Presente Neto de los ingresos del campo petrolero Zama es de alrededor de 13,000 millones de dólares para todo el proyecto.
El gobierno mexicano podría enfrentar pleitos legales, mediante arbitraje internacional o bajo los tratados comerciales a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.
De tales naciones son las compañías que integran al consorcio Talos Energy. La sede del consorcio es Houston, y participan la alemana Wintershall Dea y la británica Harbour Energy.
La decisión de la Secretaría de Energía que encabeza Rocío Nahle de entregar la operación del campo petrolero Zama, y quitársela al consorcio internacional es la manzana de la discordia entre las partes.
Se trata, por decirlo en los términos más suaves, de una decisión gubernamental sumamente complicada.
La compañía privada aseguró que explorará todas las opciones legales y estratégicas para maximizar el valor para sus accionistas en Zama.
La sorpresiva decisión, contraria incluso a la manifestación de Pemex en la que consiente que sea Talos la que lo opere, podría ser la punta del iceberg de la confrontación que ha sostenido el gobierno lopezobradorista con las empresas privadas nacionales e internacionales que operan en el sector energético mexicano.
Implica el cambio unilateral por parte del gobierno de México de la operación de un campo petrolero en el que venía invirtiendo y explorando la compañía Talos, desde el año 2017.
Fue este consorcio el que descubrió el pozo petrolero, una de las cuencas más ricas. Éste se encuentra en aguas someras del Golfo de México, a 58 kilómetros de la costa tabasqueña.
En julio del año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) resolvió que el yacimiento del campo Zama fuera compartido tanto por Pemex como por Talos.
En ese momento Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, subrayó que la petrolera cuenta con las capacidades para operar el yacimiento, pero que podría resultar conveniente para ambas partes dejarlo en manos de privados.
Pero este 2 de julio la Sener expidió un oficio con el que echa para atrás la postura inicial bajo el argumento de que Pemex cuenta con la capacidad financiera para encargarse de la operación.
Para el experto de la consultoría Welligence, Pablo Medina, la decisión del gobierno de México es un tema de ego.
¿Por qué? Porque todos: Pemex, Hacienda y el propio consorcio privado, se benefician de tener al operador más eficiente: Talos.
Lo que resienten en México es que una empresa extranjera haya descubierto un campo tan grande donde ellos jamás pensaron explorar. Pemex ni siquiera pujó en la Ronda Uno por ese campo petrolero.
El especialista destaca que la decisión del gobierno mexicano no se puede explicar de otra manera cuando México no recibe menos ingresos si Talos opera Zama.
De hecho, el riesgo es que Pemex lo haga ineficientemente como suele hacer.Para Hacienda, Zama puede generar 13,000 millones de dólares en renta petrolera. Del total de los ingresos, el 90% sería para el gobierno mexicano.
Los 13,000 millones de dólares que se calculan a hoy, son el equivalente al 40% del presupuesto del sector salud en 2021.
Atisbos
PREDECIBLE.- Anticipa Citibanamex que la reforma fiscal que hará el gobierno mexicano tendrá un limitado alcance por las presiones del gasto. Veremos cómo resuelve el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
MARCO A. MARES/El Economista
